Este viernes se realizó el foro virtual ‘La paz en emergencia: avances y retos del Acuerdo en tiempos de pandemia’, organizado por la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación.
Participaron congresistas y representantes de organismo internacionales, de la Comisión de la Verdad y organizaciones sociales, quienes hicieron un diagnóstico sobre la implementación y los retos que afronta en las actuales circunstancias.
Bogotá, 8 de mayo de 2020.- El alto consejero para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, advirtió hoy que en la Administración Distrital “estamos comprometidos con mantener y fortalecer los derechos de las víctimas en medio de la pandemia”, a propósito del aislamiento obligatorio para prevenir el contagio del Covid-19.
Rodríguez instaló esta mañana el foro virtual ‘La paz en emergencia: avances y retos del Acuerdo en tiempos de pandemia’, promovido por la Alta Consejería, durante el cual participaron personalidades vinculadas a la reconciliación y la paz, quienes reflexionaron sobre los retos que tiene para el Acuerdo de Paz la emergencia sanitaria.
El senador Iván Cepeda, defensor de derechos humanos y facilitador de acuerdos de paz, destacó la propuesta que hace la Alcaldía Mayor de Bogotá “por sus componentes novedosos y de implementación a fondo del Acuerdo”, como la inclusión en el Plan de Desarrollo de programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET) y tener en cuenta al Sumapaz. “Plantear un PDET en una ciudad como Bogotá es, sin lugar a duda, una idea que muestra voluntad de ir más allá de la propia implementación, sino de buscar nuevos aspectos de lo que pueden ser las consecuencias sociales y económicas del Acuerdo de Paz”.
Asimismo, subrayó “el concepto que reconciliación democrática, que no consiste simplemente en buscar una nueva relación entre las víctimas y los victimarios, sino un proceso de reconciliación entorno a un pacto social, que implica unas acciones concretas para eliminar la exclusión social, la pobreza, la injusticia, las desigualdades y la discriminación de todo orden”.
En relación con el Acuerdo de Paz, el senador Cepeda señaló que “es evidente que en este Gobierno tenemos la ausencia de una política de Estado, una política con enfoque territorial, que pueda garantizar la implementación que está prevista en el Acuerdo. Ha sido sustituido lamentablemente por una política que simula la implementación y que duplica la institucionalidad que está prevista en el Acuerdo. Es lamentable que a más de tres años de la firma del Acuerdo no se ha entregado una sola hectárea de tierra por cuenta de la implementación del primer punto de Reforma Rural Integral”.
El senador y líder nasa Feliciano Valencia señaló que “parece que la guerra y la violencia le gana a la paz y esa es la tragedia que vivimos nosotros en las regiones”.
Valencia hizo un balance de la población indígena que vive en Bogotá, destacando a los desplazados, a quienes adelantan su formación académica y a quienes están radicados de manera organizada. “Hay 19 cabildos organizados y agrupan la mayoría de la población indígena que habita Bogotá”, indicó. Por eso planteó la manera como se deben articular “estas autoridades indígenas y estas organizaciones a los debates del Plan Distrital de Desarrollo y a la elaboración de los POT, porque hay muchos cabildos que quieren que se les reconozcan sus territorios y no han podido”.
El foro contó con la coordinación de las periodistas Gloria Castrillón y Natalia Herrera, además de preguntas del público.
El Covid-19 y la implementación del Acuerdo
A su vez, Carlos Ruíz Massieu, representante especial del Secretario General de la ONU en Colombia y jefe de la Misión de Verificación del Acuerdo, dijo que “sin duda la pandemia del Covid-19 está impactando implementación y nos ha obligado a todos a adaptarlos y a seguir trabajando por su implementación plena e integral”.
Reconoció que, en medio de los desafíos de la pandemia, “hemos observado flexibilidad, solidaridad y empeño de diferentes sectores”. Dio como ejemplo de la adaptación a las circunstancias actuales “la reorientación de varios proyectos de reincorporación de las Farc de carácter textil hacia confección de tapabocas. Muestra readaptación, voluntad y sobre todo solidaridad. No solamente confluyen los excombatientes, sino otros sectores que apoyan este tipo de iniciativas”.
En cuanto a lo que está ocurriendo en Bogotá, Ruiz Massieu destacó la voluntad para tener elementos del Acuerdo de Paz en el Plan de Desarrollo “y la promesa de Bogotá-Región como epicentro de paz”.
El diplomático reiteró el apoyo de la ONU y señaló que “la paz en Colombia en Colombia no puede de ninguna manera ser una víctima más de la pandemia”.
La importancia del PDET
Durante su intervención, el alto consejero Vladimir Rodríguez señaló que “un propósito es cumplir la promesa de cerrar la brecha entre lo rural y lo urbano a través del PDET del Sumapaz y de los límites entre Bosa y Soacha”.
La representante a la Cámara Juanita Goebertus, también participó en el foro y planteó que “las entidades territoriales deberían dar pasos para incorporar el enfoque PDET”. En el caso de Bogotá, indicó que “tiene la capacidad institucional y ha tenido el músculo económico para dar el ejemplo de empezar a incorporar ese enfoque que implica tener una lupa territorial, garantizar la participación y tener una mirada integral”.
A su turno. Elena Ambrosi, quien hizo parte del equipo negociador en La Habana y es procuradora delegada para el seguimiento al Acuerdo de Paz, planteó que Bogotá debería constituir el Consejo Territorial de Paz y el Consejo Territorial de Reincorporación. Calificó de “innovadora” la apuesta de la Alcaldía Mayor de Bogotá por el PDET en la localidad de Sumapaz. “Es importante que se tengan en cuenta las enormes lecciones aprendidas en la construcción de los PDET a nivel nacional”, puntualizó.
Paula Gaviria, directora de COMPAZ, manifestó que el Acuerdo Final “es una oportunidad para lograr las soluciones duraderas para la población en situación del desplazamiento, que representan entre el 86 y 89% de las víctimas, incluso en Bogotá”. Expresó la importancia del PDET Bosa-Soacha, “ya que la población desplazada se encuentra fundamentalmente allí”.
Marco Romero, director de Codhes, destacó que “la Alcaldía de Bogotá haya hecho una apuesta por crear un PDET para Sumapaz y otro para Bogotá-Soacha, porque es la concepción que no solo responde a la naturaleza del Acuerdo, sino a la Constitución”.
De otro lado, Jesica Faieta, representante del PNUD en Colombia, indicó que “Bogotá tiene un recorrido muy grande porque tiene infraestructura e institucionalidad alrededor del trabajo con víctimas, como es la Consejería”. Señaló que es “un punto seguro de encuentro para las víctimas, porque aquí en Bogotá pueden acceder con más facilidad a la oferta del Estado”.