El alto consejero para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, Vladimir Rodríguez Valencia, anunció que Bogotá está lista para facilitar las condiciones y los escenarios que permitan a los actores involucrados en el conflicto armado cumplir con las sanciones propias que les imponga la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP en el marco de su proceso de aplicación de la justicia restaurativa en favor de las víctimas.
“Bogotá ha empezado, de la mano de la JEP, de la Comisión de la Verdad y de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas un trabajo de acercamiento, diálogo y construcción de escenarios de posibles sanciones propias, Trabajos, Obras y Acciones con contenido Reparador, TOAR, con los diferentes actores del conflicto armado, tanto aquellos que residen en Bogotá como los que han tomado decisiones tácticas en la ciudad”, reveló el alto consejero.
El anuncio lo hizo este jueves, durante el encuentro ‘Hablemos de Verdad’, organizado por El Espectador, Colombia en Transición y la Embajada de Alemania en Colombia, del que hicieron parte, además, el presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes; Jaqueline Catillo, representante de MAFAPO; Luis Eladio Pérez, víctima de secuestro de las extintas FARC; y María Camila Moreno, directora de la ICTJ en Colombia.
El alto consejero agregó que la puesta en marcha de esta ruta en Bogotá se dio por solicitud de los comparecientes y las víctimas, y en articulación con el SIVJRNR, con quienes se ha venido trabajando en un modelo de sanción propia y de TOAR que inicie por procesos de reconocimiento de responsabilidades “que tenga en sí mismo un contenido reparador y permita anclar y vincular toda la ejecución de la ruta de reparación que implica el Acuerdo de Paz”, agregó Rodríguez Valencia.
Durante el encuentro, hizo énfasis en casos emblemáticos para la capital del país como el atentado al Club El Nogal, o el asesinato del promotor y abanderado de paz, Jesús Antonio ‘Chucho’ Bejarano, sobre los cuales argumentó la importancia de recordar y reparar en aras de la construcción de la reconciliación. “Bogotá lo primero que tenía que hacer era estar lista, y ya lo está. Y lo segundo, ser un actor como parte del Estado que facilite esos acercamientos”, agregó el consejero.
En Bogotá, se ha comenzado a trabajar particularmente con un proceso de reconciliación en Sumapaz en donde “nos encontramos elaborando modelos de sanción propia que atiendan la reparación de las víctimas y un ejemplo sería el desminado humanitario. Tenemos toda la voluntad para facilitar las condiciones para que este proceso se dé en el territorio de Sumapaz”, agregó el funcionario, recordando los asesinatos de tres ediles hace más de diez años, perpetrados por las FARC.
“Estas herramientas que tenemos deben ponerse en función de la reparación integral a las víctimas y no esperar a que sean decisiones que pasen solamente por la esfera de los intereses políticos temporales que puedan estar en la administración del Estado”, agregó el consejero, al anunciar que con las rutas TOAR se vienen trabajando en los casos 01 (toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad), caso 03 (muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate), y caso 04 (situación territorial de la región del Urabá).
Sanciones propias en Bogotá, epicentro de paz y reconciliación
Durante su intervención, el presidente de la JEP, magistrado Eduardo Cifuentes, reconoció el trabajo de Bogotá por el trabajo a favor de la reconciliación y de la construcción de una sociedad en democracia. “Bienvenido el apoyo del Distrito capital porque se van a dar las condiciones de reconciliación nacional que también incluye una transformación socioeconómica”, señaló.
En tal sentido, explicó que las sanciones propias que imponga eventualmente el sistema tienen el objetivo de suspender temporalmente el proyecto de vida del victimario para enfocarlo en resarcir a las comunidades y a los sujetos que dañó con su conducta. Ejemplos de sanción, agregó Cifuentes, serían los trabajos de desminado, la construcción de escuelas o el trabajo de en infraestructura.
“Es decir, tiene que facilitar un nuevo entorno que permita la reincorporación a la vida social del perpetrador, en el que pueda asomarse la comunidad que fue dañada y repararla. La JEP no puede estar sola, sino que debe estar guiada y orientada por las víctimas e igualmente debe abrir las puertas a los perpetrados para que asuman su responsabilidad y lo hagan con seriedad”, concluyó el presidente de la JEP.
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