A 15 años de la implementación de la Ley de Víctimas, estos son avances y deudas en acceso a derechos y garantías de reconstrucción de proyectos de vida. La ciudad juega un rol clave en este proceso.
Han pasado quince años desde que Colombia promulgó la ley que reconoce a las víctimas del conflicto armado como sujetos de derechos y consagró el deber del Estado de repararlas. Ese reconocimiento fue, en su momento, una decisión política sin precedentes: Colombia se enfrentaba al reto de reparar –sin que mediara una decisión judicial– a las víctimas que había dejado el conflicto armado. Sin embargo, el reconocimiento que se logró con la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras no ha sido suficiente para garantizar la atención y la reparación. A quince años de su promulgación, el balance de la Ley 1448 de 2011 se mide en aciertos que hay que defender y en deudas que exigen un compromiso social, presupuestal y político renovado.
Los aciertos son sustanciales. La Ley creó un programa de atención y reparación administrativa ambicioso y garante de derechos, que integra la ayuda humanitaria con medidas de indemnización, restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. La Ley también creó una institucionalidad específica para las víctimas: la Unidad para las Víctimas, para garantizar su atención, participación y reparación; la Unidad de Restitución de Tierras, para devolver las tierras que habían sido despojadas o abandonadas tras el desplazamiento forzado; y el Centro Nacional de Memoria Histórica, para promover las reflexiones sociales que son necesarias para la no repetición. Gracias a la Ley 1448 de 2011, hoy existen mecanismos claros y exigibles para atender y reparar los daños que dejó el conflicto.
Las deudas, sin embargo, son igualmente evidentes. Pese a quince años de esfuerzos, y a que el ritmo de indemnización se ha acelerado –pasó de un promedio de 103.111 víctimas indemnizadas al año entre 2012 y 2022 a 220.346 al año entre 2023 y 2025– aún faltan aproximadamente 50 años para indemnizar a las víctimas que hay actualmente registradas. Mientras tanto, otras apuestas para la reparación también avanzan con lentitud: hay más de 1.000 sujetos de reparación colectiva cuyos Planes Integrales de Reparación no se han implementado del todo, no se ha expedido el Plan de Rehabilitación Psicosocial que creó el Acuerdo de Paz, y existen rezagos en los procesos de retorno y reubicación.
Por su parte, a pesar de los esfuerzos institucionales para garantizar la ayuda humanitaria y la estabilización socioeconómica de las víctimas de desplazamiento, estas siguen sin superar sus condiciones de vulnerabilidad y de pobreza. De hecho, en 2024, la pobreza monetaria de la población víctima fue de 44,58% y la pobreza extrema de
18,05%, frente a 31,79% y 11,69% en la población no víctima, respectivamente. Además, cerca de 6 millones de víctimas no superan su situación de vulnerabilidad.
En Bogotá, ese balance es tangible. Existe una institucionalidad específica y medidas claras para atender a las más de 400.000 víctimas que habitan en la capital, especialmente cuando llegan a la ciudad. Y, aunque una ciudad con una política social robusta representa oportunidades de vida –por ejemplo, entre 2023 y 2024, la pobreza extrema en la población víctima de la ciudad cayó de 9,2% a 7,8% y la pobreza monetaria, de 42,1% a 34,2%–, los retos siguen siendo evidentes: el 65% de la población víctima continúa en situación de vulnerabilidad y los derechos más rezagados son justamente aquellos que sostienen un proyecto de vida, como la generación de ingresos, alimentación y vivienda.
Solucionar estos desafíos implica, necesariamente, refrendar un compromiso que va más allá del reconocimiento legal. Como país, dimos un paso importante al ampliar la vigencia de la Ley de Víctimas por 10 años más; sin embargo, esta prórroga no basta. Es necesario que este compromiso legal y social se materialice, primero, en la asignación de recursos suficientes para la reparación (la Contraloría estima que se requerirían 407,3 billones de pesos entre 2025 y 2031 para implementar plenamente la Ley). Segundo, en la construcción de mecanismos de articulación que aúnen esfuerzos entre las medidas de reparación administrativa, y las apuestas de transformación de zonas rurales y de justicia transicional que creó el Acuerdo de Paz con las antiguas FARC.
En tercer lugar, se requieren soluciones concretas para que más víctimas puedan satisfacer su derecho a la vivienda y a la generación de ingresos. Cuarto, implica que las grandes ciudades empiecen a ser consideradas como entornos relevantes para la reconstrucción de los proyectos de vida de las víctimas y su reparación y, quinto –y quizá lo más importante– que se consoliden los procesos de construcción de paz en el país, para que el conflicto deje de producir más víctimas.
La viabilidad de la atención y la reparación integral nunca dependió solo de la Ley. Depende de que existan recursos suficientes, de que haya respaldo político de los gobiernos y apoyo de la sociedad civil y de las comunidades de acogida. También depende de que persistan los esfuerzos por mantener la paz y la seguridad en los territorios afectados por el conflicto. En Bogotá, como entorno de integración y reconstrucción de proyectos de vida, tenemos un papel propio que estamos asumiendo, a través de la dignificación de la oferta de atención y ayuda humanitaria para las víctimas, y de la construcción de una política que permita articular esfuerzos institucionales para garantizar su integración local.
Quince años después, el reconocimiento legal sigue siendo un punto de partida, no de llegada: sin un compromiso social, presupuestal y político sostenido, la promesa de reparación queda incompleta.
