Vladimir Rodríguez planteó que ya se empezó a trabajar en este propósito “partiendo de la indagación de quienes desean retornar o reubicarse para poder tomar las decisiones acertadas técnica y fiscalmente responsables”.
El alto consejero para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, Vladimir Rodríguez, explicó en un debate de control político en el Concejo Distrital, las acciones adelantadas por la entidad a su cargo y lo que se proyecta para este cuatrienio, ratificando que se avanza para que Bogotá sea ejemplo en el cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo de Paz.
Varias entidades de la Administración Distrital asistieron a la citación realizada por un grupo de concejalas para responder inquietudes y observaciones relacionadas con la política de atención, asistencia y reparación integral de víctimas del conflicto armado en Bogotá e implementación del Acuerdo de Paz.
Las citantes fueron las concejalas Ana Teresa Bernal, Ati Quigua, Heidy Lorena Sánchez y María Susana Muhamad, de la bancada Colombia Humana, UP y MAIS, quienes hicieron sus intervenciones centrales en la primera jornada del debate, el pasado domingo
Durante su exposición, Vladimir Rodríguez recordó que la Administración Distrital “ha tenido la voluntad política, fiscal, administrativa y jurídica para implementar a plenitud los acuerdos de paz, la Ley 1448” y otras normas. Hizo énfasis en la decisión que tomó el Distrito Capital de dejar la política de atención humanitaria inmediata asistencialista, “para dar paso a la política de reparación integral en lo concerniente a la generación de competencias, a la generación de capacidades y al fortalecimiento de procesos de emprendimiento para las víctimas del conflicto armado”. En este sentido, planteó como principal eje la estabilización socioeconómica de las víctimas, que tiene que ver con el desarrollo social, productivo y sostenible, asociado a la inclusión laboral, la innovación y el desarrollo de negocios.
Asimismo, aclaró la diferencia en funciones entre la Alta Consejería y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), que es del orden nacional. “Así tengamos una robustez institucional que no tienen otros entes territoriales, nuestra competencia es atender a las víctimas en la fase humanitaria inmediata ante un hecho victimizante. De la UARIV señaló que “activa el proceso de reparación, al igual que las indemnizaciones. Esto es una situación que es muy importante aclarar, ya que el Distrito Capital no es competente por ley para hacer el ejercicio de indemnización”.
También se refirió a las cifras y bases de datos relacionadas con las víctimas del conflicto armado. Recalcó que se basan en el Registro Único de Víctimas, competencia igualmente de la UARIV. Reconoció que con esta entidad “tenemos una armonización profunda y estamos mejorando la capacidad de nuestros observatorios de información”.
El alto consejero señaló que el primer reto que tiene el Distrito es construir en este cuatrienio una ruta de atención para más de 250.000 víctimas que no están en ruta de reparación y de reubicación. “Esto es fundamental y existe una voluntad no solamente nominativa y discursiva por parte del Distrito, sino que está incluido dentro de nuestro proyecto de inversión”, dijo.
Aclaró que no se trata de que esas 250.000 víctimas vayan a retornar al territorio. “Si no hay condiciones de seguridad en los territorios, mal haríamos como Distrito favorecer o gestionar rutas de retornos de víctimas que no han tenido el ejercicio de definición de su retorno o su reubicación”. Asimismo, advirtió que por problemas de información y de caracterización de las administraciones anteriores y del Gobierno Nacional, “no tenemos claro si quieren o no retornar a su territorio, adicional al proceso derivado del concepto de seguridad”.
Vladimir Rodríguez planteó que ya se empezó a trabajar en este propósito “partiendo de la indagación de quienes desean retornar o reubicarse para poder tomar las decisiones acertadas técnica y fiscalmente responsables”. Por otro lado, informó que otra de las metas es la creación de una estrategia con las entidades territoriales receptoras para fortalecer la sostenibilidad de los retornos y las reubicaciones en un proceso serio y responsable.
El alto consejero, finalmente, se refirió a la tarea de los enfoques diferenciales en cuanto a la pertenencia étnica y a las identidades de género. En cuanto a los casos de integrantes de comunidades indígenas, como la población embera, wounaan y huitoto que desean retornar a sus territorios de origen, señaló que “aun teniendo el concepto positivo de seguridad, aun teniendo acuerdos con entes territoriales, no podemos avanzar en el plan de retorno y reubicación étnicos porque nuestra competencia está directamente relacionada con la resolución que debe emitir la Unidad Nacional de Atención a las Víctimas para esta materia”. Pero aclaró que la resolución ha sido gestionada y tramitada por la Alta Consejería ante la UARIV, que se ha comprometido a emitirla antes de septiembre próximo, lo que permitirá el proceso armónico de retornos y reubicaciones.
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| _COMUNICADO ALTA CONSEJERIA - CONCEJO DISTRITAL (1).pdf | 87.74 KB |
