21 organizaciones entregaron 231 recomendaciones al Gobierno Nacional para su atención integral, que sigue siendo una deuda. La Consejería facilitó espacios de diálogo donde las víctimas identificaron cuellos de botella para esta población.
Desde 2024, La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación, adelantó reuniones preparatorias con las organizaciones de miembros de Fuerza Pública víctimas del conflicto y sus familias, con el propósito de recoger sus percepciones respecto a las principales dificultades, limitaciones institucionales y cuellos de botella que enfrentaban en la gestión y acceso efectivo a los servicios, programas y medidas de atención, asistencia y reparación integral contempladas en la Ley 1448 de 2011.
En este marco, se identificaron cuellos de botella en la atención en salud física y mental, en el acceso a programas de rehabilitación, en la ausencia de un acompañamiento psicosocial diferenciado, y en las barreras relacionadas con la educación, la estabilización socioeconómica y la reparación simbólica. Como respuesta, el Distrito promovió la apertura de escenarios participativos que permitieron a las víctimas expresar sus necesidades y dificultades, posicionándolas como actores clave en la formulación de soluciones y propuestas de política pública. Las organizaciones sociales que representan a los integrantes de Fuerza Pública víctimas del conflicto y sus familias desempeñaron un papel central en este proceso. Su participación no solo permitió visibilizar las dificultades que históricamente ha enfrentado esta población, sino que también consolidó un ejercicio colectivo de construcción de recomendaciones dirigidas al fortalecimiento de la política pública. Producto de este ejercicio las organizaciones estructuraron 231 recomendaciones en cuatro ejes:
1. Prevención, protección y no estigmatización, con el objetivo de garantizar condiciones de seguridad y reconocimiento social.
2. Atención, asistencia y rehabilitación, enfocada en salud física, salud mental y medidas integrales de reparación.
3. Educación y estabilización socioeconómica, identificando barreras en acceso, permanencia y formación para el trabajo.
4. Memoria Histórica y Justicia, orientada a la verdad, la dignificación y la reparación simbólica, así como acceso a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD).
Estos espacios reafirmaron a las víctimas como interlocutores válidos frente a las instituciones, promoviendo un enfoque diferencial y el fortalecimiento de la participación en la reglamentación de la Ley 2421 de 2024.
Este insumo es fundamental de cara a la reglamentación que el Gobierno Nacional debe realizar teniendo en cuenta lo establecido en la Ley 2421 de 2024, (que modificó la Ley 1448 de 2011). Una de estas modificaciones es justamente la definición de víctima establecida por el Artículo 3 en la que incluye a los integrantes de la Fuerza Pública que en cumplimiento de su deber legal sufran vulneraciones a sus derechos por infracciones al Derecho Internacional Humanitario y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y sus familias en los términos de ese artículo.
Teniendo en cuenta que esta reglamentación no se ha surtido, desde el Distrito consideramos oportuna la entrega de estas recomendaciones al Gobierno Nacional, que servirán como insumo para los ajustes que deben hacerse a la política pública de víctimas.
Adicionalmente, la Consejería de Paz y Víctimas y Reconciliación y a través del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación (CMPR) ha aportado al fortalecimiento de los procesos de verdad y al acceso y relacionamiento de estas víctimas con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, particularmente con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), a través de la generación de insumos de memoria, la documentación de casos, la promoción de escenarios de participación y el reconocimiento público de sus experiencias, lo cual contribuye con la ampliación de las narrativas sobre el conflicto armado en el país.
- Diplomado en Memoria Histórica y Construcción de Paz para la Fuerza Pública: Se diseñó e implementó el Diplomado en Memoria Histórica y Construcción de Paz dirigido a integrantes de la Fuerza Pública, como una estrategia pedagógica orientada a fortalecer la comprensión del conflicto armado desde enfoques de memoria histórica, derechos humanos y construcción de paz. En junio de 2025 se graduaron 22 participantes, certificados por la Escuela Superior de Guerra. Se produjeron insumos académicos, narrativos y reflexivos que constituyen aportes relevantes para investigaciones del CMPR y que pueden ser considerados como insumos para escenarios de verdad, contribuyendo con el reconocimiento de estas víctimas y su inclusión en procesos más amplios de esclarecimiento histórico.
- Inclusión en la cartografía “Bogotá Ciudad Memoria”: En 2025 se actualizó la cartografía “Bogotá Ciudad Memoria”, una herramienta pedagógica y de apropiación social que visibiliza 46 lugares significativos del conflicto armado en la ciudad. En este proceso se incorporaron espacios asociados a las memorias de la Fuerza Pública, fortaleciendo su reconocimiento en el territorio y aportando a la reparación simbólica a través de la inscripción de estas historias en el espacio público.
- Taller de los oficios: Se incluyó la Fundación Color y Esperanza por Nuestros Héroes (FUNCOES), organización creada por madres y esposas de militares y policías fallecidos en el conflicto armado, en el Taller, las participantes construyen memoria mediante prácticas artísticas, relatos de vida y espacios de encuentro, lo que contribuye a la resignificación del dolor y al fortalecimiento de su agencia colectiva.
- Producción de conocimiento y articulación académica: En alianza con la Universidad de los Andes, se el artículo “Experiencias de miembros de la Fuerza Pública víctimas del conflicto armado y sus familias en Bogotá”, que contribuirá con la ampliación de narrativas sobre el conflicto armado, incorporando las experiencias de la Fuerza Pública desde un enfoque de reconocimiento y dignificación. Se resalta el papel de Bogotá como escenario relevante del conflicto, al concentrar el 11 % de las afectaciones a miembros de la Fuerza Pública entre 2010 y 2025, lo que refuerza la necesidad de consolidar estrategias de memoria que permitan visibilizar estas experiencias en el ámbito urbano.
Para la Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación trabajar de la mano con las organizaciones ha permitido fortalecer la confianza y demostrarles que para el Distrito la implementación diferenciada de la política pública de víctimas es una prioridad. Reconocemos que la afectación del conflicto sobre ustedes y sus familias requiere de rutas especiales para contribuir con su reparación integral.
Los integrantes de Fuerza Pública víctimas del conflicto armado y sus familias cuentan con la Consejería para continuar diseñando e implementando estrategias que propendan por su reparación integral y por la priorización de esta población en los programas que implementa el Distrito. Desde la Consejería continuaremos siendo ese puente para que ustedes puedan visibilizar sus problemáticas y encontrar soluciones a las mismas ante otras entidades del Distrito pero también del nivel nacional.
